Una vez que el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular sea aprobada definitivamente en ambas cámaras del Congreso de los Diputados traerá consigo una serie de cambios significativos en el tratamiento de los residuos que te explicamos en el día de hoy. 

Con el objetivo de reducir el consumo de plásticos, los establecimientos de hostelería y restauración, deberán ofrecer a sus clientes y otros usuarios la posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.

Además, se abre la posibilidad de implantar un modelo de recogida de residuos en el que se devuelvan los envases vacíos a los comercios tras haber consumido el producto a cambio de unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto.

Sumado a esto se implantarán dos nuevos impuestos: uno sobre vertido e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica, y otro sobre envases de plástico no reutilizables, que asumirían los productores y con el que se gravaría estos productos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico.

Una novedad que se incluye con esta ley es la regularización por primera vez del “derecho a reparar”. Es decir, los comerciantes y plataformas de comercio electrónico estarán obligados a incluir información sobre cómo arreglar los productos ofertados en caso de que se estropeen. 

Por otro lado, los residuos “susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados” no podrán destinarse a incineración, independientemente de que ese proceso se aproveche para generar energía.

En cuanto al tratamiento del amianto, un material de construcción cuyas fibras son un contaminante nocivo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto presente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada en 2028, a más tardar.

Con el objetivo de reducir el consumo de plásticos, los establecimientos de hostelería y restauración, deberán ofrecer a sus clientes y otros usuarios la posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.

Además, se abre la posibilidad de implantar un modelo de recogida de residuos en el que se devuelvan los envases vacíos a los comercios tras haber consumido el producto a cambio de unos céntimos dejados en concepto de depósito a la hora de comprar el producto.

Sumado a esto se implantarán dos nuevos impuestos: uno sobre vertido e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica, y otro sobre envases de plástico no reutilizables, que asumirían los productores y con el que se gravaría estos productos a razón de 0,45 euros por kilogramo de plástico.

Una novedad que se incluye con esta ley es la regularización por primera vez del “derecho a reparar”. Es decir, los comerciantes y plataformas de comercio electrónico estarán obligados a incluir información sobre cómo arreglar los productos ofertados en caso de que se estropeen. 

Por otro lado, los residuos “susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados” no podrán destinarse a incineración, independientemente de que ese proceso se aproveche para generar energía.

En cuanto al tratamiento del amianto, un material de construcción cuyas fibras son un contaminante nocivo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto presente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada en 2028, a más tardar.